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Hay que defender las Cooperativas

DIPUTADOS Y SENADORES DEBEN SALIR

EN LA DEFENSA DE LAS COOPERATIVAS

 

En la reforma tributaria que se trató a comienzos del año se pretendió imponerles el impuesto a las Ganancias a las cooperativas y a las mutualidades de crédito y seguro, lo cual finalmente no prosperó.

Se alzaron voces suficientes tanto en el oficialismo como en la oposición y se reconoció oportunamente que en las cooperativas genuinas, cumplidoras con la ley, no hay ganancias ni utilidades ni dividendos sino prestaciones al costo y, en todo caso, sólo devolución o acreditación de excedentes respecto de los precios que cada asociado pagó por sus consumos y actividades durante el desarrollo del ejercicio concluido.
Con motivo del acuerdo celebrado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), vuelve a hablarse de imponer a cooperativas y mutuales en general el mentado impuesto a las Ganancias.
En cualquier caso se incurre en un profundo error conceptual y, como consecuencia de ello, se puede causar un grave daño a las economías regionales.

Con respecto al impacto que tendría la implantación del impuesto a las Ganancias sobre estas entidades, comencemos por decir que en Argentina, aunque no existen datos suficientemente actualizados, se estima que hay 2.500 cooperativas en funcionamiento que cubren servicios públicos, agricultura en todas sus manifestaciones, crédito, vivienda y cooperativas de trabajo -entre las principales actividades-, y que la gran mayoría de ellas se encuentra radicada en el interior.

Funcionan en el país aproximadamente 800 cooperativas que brindan servicios de electricidad, gas, telefonía y agua corriente a más de 600 ciudades y localidades del interior.

Las  cooperativas de servicios públicos se caracterizan por la multiplicidad o diversificación de sus prestaciones conforme el crecimiento de la entidad lo permite: a partir de un servicio principal como el de la energía eléctrica y la provisión del agua, se desarrollan otros, como televisión por cable, Internet, telefonía, biblioteca, salón comunitario, construcción de viviendas, red cloacal, farmacia, óptica, servicios médicos, ambulancia, odontología, sepelios, crédito, turismo, etcétera. Cada asociado debe pagar por el uso efectivo de estos servicios, que se institucionalizan por decisiones adoptadas en democráticas asambleas.

Las cooperativas no merecen que se les grave con impuestos que no se corresponden con sus finalidades y que además sólo traerán más recesión y perjuicios a las economías regionales.

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